En concreto, la patronal ha remitido una carta al Ministerio de Trabajo y Economía Social y a los principales grupos parlamentarios donde explica que esta medida "sería especialmente gravosa" para el comercio minorista, constituido en su inmensa mayoría por empresas con un solo establecimiento para las que el SMI se ha incrementado desde 2018 el triple que las ventas registradas, generando una gran desproporción entre el SMI y la evolución de la facturación.
La Confederación considera "inasumible la falta de consideración" hacia la evolución de la productividad como un indicador clave para la toma de decisiones salariales realistas, acordes a la situación económica de las empresas.
La patronal resalta también la importancia de proteger a un sector "tan estratégico" para la economía como es el comercio minorista, formado por 384.774 empresas que representan el 12,3% del total del tejido empresarial a nivel nacional, dan empleo a 1.917.681 personas por cuenta propia y ajena (10% del total) y generan el 4,9% del PIB nacional.
Por último, la CEC advierte de que estas "imposiciones gubernamentales" en cuestiones de salario y de reducción de jornada podrían "dañar" el diálogo social que representan los cientos de convenios colectivos que tienen en consideración las diferentes particularidades y realidades socio económicas de los ámbitos territoriales en los que se negocian.
"Además, una imposición de esta magnitud ignora el papel que la Constitución otorga a los agentes sociales y no tiene la más mínima consideración y respeto hacia el diálogo social como vía para alcanzar acuerdos que favorezcan tanto a las personas trabajadoras como a las empresas, promoviendo un crecimiento equilibrado y sostenible para el comercio de proximidad", recalca.