De este modo, la multinacional busca zanjar la demanda colectiva presentada en 2019 por el bufete Maurice Blackburn Lawyers ante el Tribunal Supremo del Estado de Victoria en nombre de más de 8.000 propietarios y conductores de taxis y vehículos de alquiler que vieron mermados sus ingresos y el valor de sus licencias con la entrada de Uber.
El director de Maurice Blackburn Lawyers, Michael Donelly, expresó su satisfacción con el acuerdo alcanzado, uno de los mayores en Australia, señalando que tras una batalla legal de cinco años en la que "Uber luchó con uñas y dientes", finalmente cedió "en los escalones de la sala del tribunal".
En este sentido, Donelly ha subrayado que el acuerdo deja "fuera de toda duda" que Uber ha tenido que rendir cuentas por sus acciones.
De su lado, en un comunicado, Uber ha defendido que en sus comienzos, hace más de una década, las regulaciones para compartir viajes no existían en ningún lugar del mundo, y mucho menos en Australia, pero actualmente es diferente y ahora está regulado en todos los estados y territorios del país oceánico.
"Desde 2018, Uber ha hecho contribuciones significativas a varios esquemas de compensación de taxis a nivel estatal, y con el acuerdo propuesto hoy, dejamos estos problemas heredados firmemente en nuestro pasado", ha añadido.