Asimismo, ASPAC recuerda que la falta de herramientas digitales frena los procedimientos de insolvencia para microempresas y preocupación en el sector.
Hace ya más de dos años, desde el 26 de agosto de 2022, de la entrada en vigor de la nueva Ley Concursal. Para la Asociación Profesional de Administradores Concursales y Expertos en Reestructuraciones e Insolvencia (ASPAC) la reforma, que trajo consigo cambios clave en la reestructuración empresarial y la administración de microempresas, ha logrado avances significativos, aunque persisten retos importantes.
Uno de los aspectos más destacados de la reforma es la introducción de los planes de reestructuración, que buscan evitar los concursos de acreedores mediante la negociación entre deudores y acreedores. “Aunque el número de planes aprobados es todavía modesto, se ha demostrado que es una herramienta poderosa y flexible que permite a las empresas superar situaciones de insolvencia sin necesidad de acudir al concurso tradicional", comenta Diego Comendador, presidente de ASPAC. Esta figura, que permite la agrupación de acreedores en clases, se ha mostrado especialmente útil en empresas con conflictos internos entre socios.
De cara a los próximos años, Comendador espera ver “un incremento considerable en el uso de esta herramienta, ya que ofrece una mayor agilidad y mínima intervención judicial, lo que la hace atractiva tanto para empresas como para acreedores”.
Procedimientos especiales para microempresas
De igual forma, ASPAC ha mostrado su preocupación por la implementación de los procedimientos especiales para microempresas, regulados en el libro tercero de la Ley. Aunque la reforma pretendía ofrecer un proceso más ágil y económico para estas pequeñas empresas, la falta de una plataforma telemática operativa ha retrasado su despliegue. "El problema no radica solo en la falta de agilidad, sino en la exclusión del administrador concursal, lo que compromete la transparencia y eficiencia del proceso", advierte Comendador.
ASPAC señala que, en lugar de reducir costes, este sistema transfiere los gastos del proceso desde los acreedores al Estado, lo que genera una falsa impresión de ahorro. "Es fundamental que estos procedimientos cuenten con la participación de administradores concursales para garantizar un adecuado control y evitar que los deudores gestionen la liquidación de sus empresas sin supervisión profesional", concluye Comendador.
Otro tema que preocupa a esta asociación son los concursos sin masa, donde la normativa permite concluir el proceso sin un administrador concursal que supervise los activos y pasivos del deudor. “Este tipo de concursos, que han aumentado exponencialmente, pueden dar lugar a prácticas fraudulentas si no se supervisan adecuadamente. Es necesario implementar un control más riguroso para evitar el vaciamiento de las empresas antes de la presentación del concurso”, explica Comendador.
ASPAC reconoce los avances que la Ley ha traído al sector concursal, pero hace un llamamiento a seguir trabajando en los desarrollos reglamentarios necesarios para optimizar su funcionamiento. Entre sus propuestas, la asociación insiste en la necesidad de una mayor profesionalización de los procedimientos a través de la creación de un Estatuto del Administrador Concursal, así como la implementación definitiva de la plataforma telemática para microempresas. “Es imprescindible que el marco regulatorio continúe evolucionando para que el sistema concursal en España sea más eficaz, justo y transparente”, sentencia Comendador.