Sin embargo, todavía hay muchas empresas de la región que optan directamente por otras medidas como la vía judicial (57%) o implantar procesos de recuperación internos (33%).
El 40% de las empresas valencianas estaría a favor de la introducción de una nueva legislación para resolver el problema de los retrasos en los pagos.
Los impagos son uno de los mayores desafíos económicos para el sector empresarial. De hecho, según datos de la Comisión Europea, más del 60% de las empresas de la Unión Europea sigue sin cobrar a tiempo sus facturas, una situación que afecta especialmente a las pymes y que requiere de acciones inmediatas que eviten que ese retraso se convierta en una deuda permanente.
Una de las soluciones más efectivas es apoyarse en compañías especializadas en gestión de impagados, encargadas de ofrecer un servicio profesional a lo largo de todo el proceso de recuperación (fase amistosa y judicial), lograr los mejores resultados y consolidar la relación con el cliente, permitiendo, además, que la empresa pueda enfocarse en lo más importante: el impulso de su negocio. En este sentido, según el Informe Europeo de Pagos elaborado por Intrum, actualmente, el 14% de las empresas valencianas apuesta por este apoyo y asesoramiento. Un porcentaje inferior al de España (19%).
A nivel europeo, el porcentaje de organizaciones que contempla esta solución es del 17%. Por su parte, de entre los 29 países encuestados, Suiza (24%), Portugal (22%) y Bélgica (21%) son las naciones donde más empresas optan por una gestión profesional, mientras que Austria (12%), Estonia (12%), Grecia (11%) y Croacia (10%) son los países con el menor número de entidades que optan por esta alternativa.
A pesar de la efectividad de esta medida, todavía hay otras muchas empresas que deciden no recurrir a la intermediación profesional y emprenden ellos mismos el proceso de recuperación, ya sea apostando por la vía judicial directamente o llevando a cabo procesos de recobro internos.
Así, tal y como refleja el estudio elaborado por Intrum, a la hora de reaccionar ante un impago, la vía judicial es la alternativa más utilizada. De hecho, el 57% de las organizaciones de la Comunidad Valenciana opta directamente por tomar acciones legales cuando experimenta retrasos por parte de un cliente. Una cifra inferior a la de España (62%) e igual a la media europea (57%). Nuestro país sería el tercer mercado de Europa con el porcentaje más alto de compañías que toman directamente medidas judiciales, solo por detrás de Francia (65%) y Polonia (63%). Por el contrario, Irlanda, Serbia, Reino Unido (las tres con un 51%) y Bulgaria (49%) serían los países donde menos empresas utilizan esta medida.
Asimismo, como segunda alternativa más elegida, el estudio de Intrum muestra que el 33% de las empresas de la región también opta por implementar procesos de recuperación interna, un porcentaje superior al de España (22%) y al de Europa (29%).
Las compañías quieren soluciones para revertir los retrasos en los pagos
La introducción de una nueva legislación sería, en este caso, una de las alternativas favoritas del entramado empresarial para conseguir solucionar el problema de los impagos: según el Informe Europeo de Pagos, el 40% de las empresas valencianas estaría a favor de impulsar una regulación más efectiva. Un dato inferior al nacional (46%), e igual al europeo (40%). Otra solución que proponen es establecer las condiciones de pago fijadas por ley, también con un 40% (42% a nivel nacional y 29% en Europa).
No obstante, tal y como muestran los datos de Intrum, estas no serían las únicas medidas que contarían con el visto bueno de las compañías de la región. El 36% de las organizaciones valencianas apuesta también por una mayor transparencia alrededor del comportamiento de pago corporativo (32% en España), y el 31%, por hacer de la mediación/arbitraje/Defensor del pueblo (23% en términos nacionales).
Por tanto, la necesidad de introducir mejoras en la regulación contra los impagos es una opinión común entre empresas e instituciones. En este sentido, la Comisión Europea está trabajando en una actualización de su normativa sobre morosidad, que actualmente se encuentra en la fase de consulta pública, con el objetivo de promover un cambio definitivo hacia una cultura empresarial de pagos sin demoras.