“Estamos ante un nuevo caso en el que el Gobierno, en vez de proponer medidas efectivas y ayudar de forma exacta y directa al mercado inmobiliario, se limita a hacer anuncios que no tienen un impacto real”, explica la abogada y socia del despacho, Arantxa Goenaga, quien recuerda que estas medidas ya se aplicaron en el pasado en Cataluña y no hicieron más que “tensionar el mercado y reducir la oferta de viviendas en alquiler”.
En este sentido, la experta se ha mostrado crítica con los tiempos establecidos por el Ejecutivo, pues tras el anuncio “a bombo y platillo” de la aprobación de la nueva Ley de Vivienda, se ha demorado casi un año la publicación de dichos índices, además de otros seis en establecer los procedimientos de conciliación con los grandes tenedores en relación a los procedimientos de desahucio.
Goenaga, quien ha recordado que ni siquiera ha habido un consenso claro entre el Gobierno central y el Govern de la Generalitat a la hora de establecer los topes, echa en falta un cambio de estrategia por parte de los poderes públicos.
“Seguimos con el mismo criterio, muchos anuncios, pero ninguna medida real. El Gobierno no cuenta con los operadores necesarios para dar con medidas reales que puedan ser buenas y adecuadas para agilizar el mercado y que todos los ciudadanos tengan acceso a una vivienda digna”, concluye.