En concreto, el nacimiento de dicha entidad, prevista en el desarrollo de la Ley 18/2022, de creación y crecimiento de empresas también conocida como le Ley Crea y Crece, ha coincidido con la celebración del Consejo Estatal de la Pyme.
Así, este observatorio nace como un órgano consultivo, y será el encargado de supervisar el comportamiento de pago, así como de promocionar buenas prácticas que eviten la morosidad de pago cuyos efectos son "especialmente negativos" para las pequeñas y medianas empresas (pymes).
CREAR UNA CULTURA DEL PAGO EN PLAZO
Tal y como ha detallado el departamento liderado por Jordi Hereu, la entidad está conformada por representantes de los ministerios de Industria y Turismo; Hacienda; Economía, Comercio y Empresa; Agricultura, Pesca y Alimentación; dos comunidades autónomas en representación del resto; la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (Cepes); la Cámara de Comercio de España; el Instituto Nacional de Estadística (INE), y representantes empresariales y de organizaciones especializadas en morosidad.
En este sentido, Hereu ha destacado que "la morosidad es una de las principales causas de dificultades financieras en las pymes", por lo que ha defendido la importancia de "crear una verdadera cultura del pago en plazo, tanto desde la normativa como desde las prácticas empresariales cotidianas".
INFORME ANUAL
Respecto a las funciones del observatorio, la cartera de Industria ha señalado que, con periodicidad anual, este elaborará un informe sobre la situación de los plazos de pago que será presentado y aprobado en el Consejo Estatal de la Pyme.
Además, también se ocupará del seguimiento y evaluación sistemática de la evolución de la morosidad, así como de la elaboración del informe anual y la elaboración de códigos de buenas prácticas.
Asimismo, el observatorio se encargará de la formulación de propuestas de actuación, del seguimiento de las directrices de la Unión Europea en esta materia, de la elaboración, resolución y publicación de un listado de empresas incumplidoras, de la actuación como órgano consultivo y, finalmente, de la adopción de sistemas de resolución de conflictos.