"Esta medida a toda luces injusta, -ha afirmado Nuria Montes- generaría una desventaja competitiva para la Comunitat que podría desencadenar una serie de efectos devastadores que amenazarían su estabilidad económica, social y política. Eso implicaría que la Comunitat no solo quedaría rezagada, sino que podría enfrentarse a una crisis sistémica de proporciones alarmantes”.
En este sentido, “la capacidad de Cataluña para gestionar sus impuestos podría permitirle ofrecer condiciones más favorables para las empresas tanto nacionales como extranjeras, como menores impuestos corporativos o subvenciones más generosas. Esto crearía una competencia desleal para las empresas valencianas que no tendrían acceso a los mismos beneficios”.
“Además, esa capacidad de ofrecer ventajas fiscales irresistibles podría atraer a un número significativo de profesionales altamente cualificados desde la Comunitat algo que debilitaría el tejido empresarial valenciano”, ha añadido la consellera.
Por otro lado, según la representante del Gobierno valenciano, “si Cataluña puede ajustar sus impuestos a niveles significativamente más bajos crearía una competencia insuperable. La Comunitat se vería obligada a aumentar sus impuestos para compensar la pérdida de ingresos, lo que ahuyentaría aún más a las empresas y a los residentes de perfil económico alto”.
Nuria Montes ha apuntado que “recurriremos al Tribunal Constitucional para evitar que Cataluña tenga un control total sobre sus impuestos, en base a la protección de la igualdad entre regiones, al mismo tiempo que reclamamos una reforma del sistema de financiación autonómica para que sea más equitativa y establezca un reparto de recursos más equilibrado entre las comunidades autónomas, evitando privilegios fiscales excesivos para una región específica”.
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