En declaraciones a Europa Press, la firma considera que las acciones del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 van "en contra" de la normativa española aplicable.
En mayo, el departamento liderado por el ministro Pablo Bustinduy instó a Airbnb a bloquear casi 66.000 anuncios ilegales de viviendas turísticas. En concreto, esta retirada de anuncios anunciada corresponde al primero de tres requerimientos.
Desde su defensa, la compañía ha hecho referencia a una sentencia "clave" del Tribunal Supremo en 2022, ya que "dejó claro que la información que se refleja en los anuncios, incluido el número de registro cuando ello es necesario, es responsabilidad del prestador de servicios final y no de la plataforma donde éste se anuncia".
También ha destacado la puesta en marcha de varias campañas educacionales dirigidas a los anfitriones sobre los requisitos de registro y licencia que serán obligatorios en España bajo el nuevo contexto legislativo.
A la hora de perseguir la oferta ilegal, desde la compañía ha resaltado las recientes colaboraciones con los gobiernos de la Islas Canarias, la Región de Murcia y el Consejo Insular de Ibiza, destacando que" ponen de manifiesto el compromiso de la plataforma de asociarse con ciudades y gobiernos de toda España para fomentar un turismo sostenible que beneficie a todas las partes implicadas por igual".
Sobre su registro de anuncios, Airbnb ha defendido que recuerda "siempre" a los anfitriones la necesidad de comprobar y cumplir con las leyes locales antes de anunciar un espacio en la plataforma.
En esta línea, también ha destacado que pide a todos los anfitriones que certifiquen que cuentan con los permisos necesarios y les recuerda a lo largo del año que comprueben y cumplan con las reglas locales": "Esto se deja claro en los Términos de Servicio y los usuarios que no cumplan con las políticas pueden ser eliminados de la plataforma".
Según explica, Airbnb no sólo se anuncian viviendas turísticas, sino también otros tipos de alojamiento --como apartamentos turísticos, hoteles, hostales o viviendas de temporada-- que no están sujetos a las mismas obligaciones que los alquileres a corto plazo.
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