Nuria Montes ha informado que la Conselleria que dirige ha presentado ante el Ministerio una batería de alegaciones contra el proyecto de Real Decreto por el que se crea la Ventanilla Única Digital de Arrendamientos, que regulará la recogida y el intercambio de datos relativos a los servicios de alquiler y alojamientos de corta duración.
De este modo, la consellera ha manifestado su disconformidad con este Real Decreto, aprobado recientemente por el Pleno del Congreso, solicitando la retirada de su tramitación; al tiempo que ha exigido una “negociación que permita un debate más amplio y garantizando en todo caso, la participación de las comunidades autónomas en la definición de esta normativa, en tiempo y forma”, ha puntualizado.
La titular de Turisme ha lamentado la falta de comunicación alguna por parte del Ministerio, que ha lanzado el proyecto de Decreto a la audiencia pública sobre un texto “en el que no se ha tenido participación y en el que se prevé que entre en vigor prácticamente en nada”, ha apuntado.
Asimismo, ha recordado que “el Ejecutivo central ocultó en todas las reuniones previas la tramitación de este proyecto, y que aún no sé ha convocado una conferencia sectorial específica para abordar el problema”.
Del mismo modo, Nuria Montes ha hecho referencia a que “en la nueva regulación se observa una clara indefinición de lo que se considera como alojamientos de corta duración y ello especialmente cuando la LAU no establece un plazo temporal para los denominados arrendamientos para uso distinto del de vivienda”.
Asimismo, ha trasladado que “también existe confusión en la redacción del texto debido, entre otras cosas, a la variedad de autorizaciones, licencias, visados o equivalentes que pueden darse, existiendo, por otra parte, una aparente referencia a un silencio positivo, que complica más la presentación de la documentación citada”.
En todo caso, la responsable de la política turística del Consell ha lamentado que “este proyecto se tramite con tanta premura”, y ha instado a que las comunidades autónomas, cuyas competencias en turismo se ven directamente afectadas, sean consultadas antes de continuar con la tramitación de esta normativa, “para asegurar un análisis profundo y coordinado”.
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