“Es un desmantelamiento atroz que va contra los principios de la UE y la esencia de cualquier país democrático”, afirma. García recuerda que la Comunitat Valenciana ha sido señalada como una “zona roja” por su historial de corrupción y que “en lugar de reforzar los mecanismos de control, se ha suprimido la elección reforzada del director y el vínculo con la sociedad civil”. A su juicio, este retroceso atenta contra el marco europeo y tendrá consecuencias: “Se está actuando en contra de lo que proclama y financia la UE en su agenda anticorrupción”.
Desde la sociedad civil, el rechazo ha sido contundente. Felipe García habla en nombre de la WCA, una de las ocho entidades firmantes del comunicado conjunto que denuncia la reforma, junto a Transparencia Internacional, Hay Derecho o GESTHA. “No es un ajuste técnico. Es una renuncia deliberada a la persecución de la corrupción, desmontando una institución que era referente a nivel internacional”, concluye. “Llamamos a la ciudadanía a tomar conciencia y exigir instituciones públicas íntegras, porque la democracia también se defiende así”.
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