En ese sentido, la reunión se produjo en el marco de la presencia en España del 'primer espada' de STC con motivo del Mobile World Congress (MWC) que tuvo lugar en Barcelona esta semana, feria en la que Álvarez-Pallete y Alwetaid también han coincidido debido a que ambos directivos forman parte del consejo de administración de GSMA --la patronal mundial de la industria móvil--, entidad organizadora del evento.
En este contexto, se presume que Álvarez-Pallete y Alwetaid han abordado en Madrid los asuntos pendientes relativos a la entrada de STC en Telefónica, como la comunicación formal que la compañía saudí debe realizar al Gobierno español para hacer efectivo el 5% que posee mediante derivados financieros.
También es previsible que hayan hablado acerca de si la intención de la teleco saudí es entrar o no en el consejo de administración de Telefónica, sobre la naturaleza industrial y estable de la participación de STC en la compañía española y de la intención del Estado de entrar en el capital de Telefónica a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en respuesta a la llegada de STC.
Fuentes de Telefónica consultadas por Europa Press han eludido realizar comentarios al respecto.
STC SE DA UN AÑO PARA COMPLETAR SU ENTRADA
STC posee desde el pasado septiembre una participación directa del 4,9% en Telefónica, pero en el plazo de un año prevé obtener la autorización del Gobierno para hacer efectivo el 5% adicional que ahora mismo posee en derivados financieros, según explica la compañía en su informe de resultados anuales, en los que también indica que ya ha cobrado sus primeros dividendos por su participación en la operadora española, en concreto, 167 millones de riales saudíes (unos 41,2 millones de euros).
La normativa vigente en España en materia de inversiones extranjeras en empresas cotizadas estratégicas establece que los inversores extracomunitarios que pretendan adquirir más de un 10% de una sociedad de este tipo deben pedir permiso al Ejecutivo.
No obstante, ese umbral se rebaja al 5% en el caso de las empresas con intereses en el ámbito de la defensa nacional, como es el caso de Telefónica.
En este contexto, la compañía saudí prevé obtener los permisos regulatorios necesarios para hacer efectivo ese otro 5% en el plazo de un año.
A pesar de ello, se desconoce si STC ya ha trasladado formalmente al Gobierno sus intenciones en Telefónica, como por ejemplo, si pedirá un asiento en el consejo de administración de la compañía o no.
No obstante, en el momento de su desembarco, STC afirmó que llegaba a la compañía con el objetivo de convertirse en un socio industrial y estable.
En respuesta a la entrada de STC en Telefónica, el Ejecutivo ordenó a mediados del pasado diciembre a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) --dependiente del Ministerio de Hacienda-- que adquiriese hasta un 10% del capital social de la operadora.
En ese sentido, SEPI ultima el contrato de intermediación bursátil para proceder a la entrada del Gobierno en Telefónica en un proceso en el que se está sondeando tanto a entidades financieras nacionales como extranjeras.
Este contrato está "a punto de ser adjudicado", según señalaron a Europa Press fuentes del mercado, que también apuntaron que a pesar de que en la terna figuren bancos extranjeros, serían entidades financieras españolas como BBVA y Caixabank las que estarían mejor posicionadas para ejecutar finalmente la intermediación bursátil de la operación.
En ese sentido, cabe recordar que tanto BBVA como Caixabank forman parte del denominado 'núcleo estable' en el accionariado de Telefónica.
Por otro lado, las fuentes consultadas por Europa Press también revelaron que SEPI ya habría adjudicado el contrato de asesoramiento para ejecutar el desembarco del Gobierno en Telefónica, si bien no se ha dado a conocer el nombre de la entidad financiera que lo llevará a cabo.
Esta misma semana, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, José Luis Escrivá, anunció la creación de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT), una nueva empresa pública que ha sido bautizada coloquialmente como 'SEPI Digital' y con la que se prevé que el Gobierno gestionará la participación de la SEPI en Telefónica.
Esta nueva entidad pública movilizará en torno a 20.000 millones de euros procedentes del Perte Chip, de los fondos NexTech y del Hub Audiovisual.