“Los matrimonios simulados, también conocidos como de conveniencia o fraudulentos, son aquellos en los que las partes no tienen intención de formar una verdadera comunidad de vida conyugal, sino que buscan obtener beneficios legales, como pueden ser la residencia en España u otras ventajas fiscales. El Código Civil establece que un matrimonio ha de contraerse con consentimiento real y libre de los cónyuges, sino será nulo”, explica Rocío Ocaña, abogada y socia de Marín & Mateo Abogados.
Aunque no existen muchos datos sobre los matrimonios de conveniencia en España, la Dirección General del Registro y del Notariado (DGRN) hizo público que en 2019 se declararon nulos 75 matrimonios y se denegaron más de 350 solicitudes de autorización para contraer matrimonio civil en las que al menos uno de los cónyuges era extranjero debido a sospechas de que se trataba de un matrimonio de conveniencia. Ese mismo año se revisaron más de 238 expedientes apelados.
“Para conocer si las partes se casan por conveniencia los funcionarios del Registro Civil realizan una entrevista a los cónyuges por separado con preguntas personales, como fecha y lugar de nacimiento, nombre de los padres, lugar donde se conocieron, dirección en la que viven; pero también sobre la rutina diaria, como quién cocina, quién se levanta antes; u otros detalles personales, como el color favorito, la talla de su pareja o cómo le gusta tomar el café”, indica Ocaña.
También son indicadores la diferencia de edad entre ambos, la ausencia de un idioma común, la falta de responsabilidades compartidas o la superficialidad de la relación, que puede derivarse de casos de matrimonio concertados o forzados, de los cuales se registraron 25 en España entre 2020 y 2022.
Consecuencias del fraude
Cuando se detecta un matrimonio fraudulento los cónyuges afrontan consecuencias de varios tipos. “Por un lado, la unión se declara nula y supone que el matrimonio no ha existido nunca, así que no se puede disfrutar, por ejemplo, de la pensión de viudedad o de los derechos hereditarios que corresponden al cónyuge”, explica Ocaña. “Si además se ha obtenido una residencia o nacionalidad, estas se pueden retirar o revocar y enfrentarse así a una expulsión del país. El cónyuge residente puede también afrontar un delito de favorecimiento de la inmigración ilegal.”
Más allá de estas, ambas partes pueden ser juzgadas también por delito de falsedad documental al inscribirse en el Registro Civil, con multas y sanciones administrativas. Por otro lado, si el matrimonio tenía hijos, estos seguirán siendo legítimos y manteniendo todos sus derechos en el caso de casamientos en los que se ha podido probar que uno de los cónyuges engañó al otro para obtener un beneficio.
“Si se descubre un matrimonio de conveniencia ya celebrado, tanto el Ministerio Fiscal como un particular pueden presentar una demanda de nulidad ante el juzgado de primera instancia del lugar donde reside la pareja”, añade la abogada. “Para ello, ha de presentar pruebas, como declaraciones tomadas a los cónyuges, informes de extranjería o pruebas de no convivencia”.
En 2019 se declararon nulos 75 matrimonios y se denegaron más de 350 solicitudes de autorización para contraer matrimonio civil
El número de matrimonios en España acusó un descenso continuo en la primera década del siglo, aunque desde entonces ha tenido un ligero ascenso hasta 2019, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Los datos de los años posteriores variaron mucho a causa de las restricciones de Covid-19. Aunque las bodas ya no alcanzan los números de décadas anteriores, los matrimonios de conveniencia siguen siendo una preocupación para los encargados de los Registros Civiles.
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