Este llamamiento público, que se enmarca en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado con los fondos NextGenerationEU de la Unión Europea, se dirige fundamentalmente a comunidades de vecinos o conjuntos de edificaciones sujetas al régimen de propiedad horizontal.
Las comunidades interesadas podrán presentar hasta el próximo 12 de septiembre sus respectivas solicitudes, que se atenderán por riguroso orden de registro hasta agotar el presupuesto.
El objetivo de esta convocatoria es el de apoyar la modernización de las infraestructuras de telecomunicaciones de los edificios con el fin de facilitar el acceso de la población a la banda ancha ultrarrápida y a los estándares más avanzados de televisión digital y radiodifusión sonora.
En concreto, las ayudas comprenderán hasta el 100 % de las inversiones y gastos necesarios tanto para la renovación completa o parcial de los equipos comunitarios de Televisión Digital y Radio, incluyendo antenas y elementos de distribución de la señal a las viviendas, como para la instalación o renovación de una red comunitaria de Banda Ancha Ultrarrápida, que partiría desde un punto de interconexión al que se conectarían los diferentes proveedores del servicio hasta cada vivienda. En todos los casos, se cubrirá también el coste de la desinstalación y retirada de aparatos, cables o antenas obsoletos.
Las actuaciones objeto de la ayuda deberán realizarse por empresas inscritas en el Registro de Empresas Instaladoras de Telecomunicación y deberán contar con un proyecto técnico suscrito por una persona titulada en la materia.
El importe máximo de la ayuda por comunidad oscila entre los 16.975 euros y los 23.800 euros, en función del tipo de actuación a acometer y el número de viviendas del bloque. Esta aportación económica permitirá sufragar tanto el coste de proyecto técnico, las memorias e informes, la dirección de obra y certificación final, como los trabajos vinculados a la actividad de la empresa instaladora.
Este último concepto incluye el presupuesto de la obra, las ejecuciones materiales, la realización de boletín de instalación de telecomunicaciones y protocolo de pruebas y, en su caso, los gastos derivados de la desinstalación y la retirada de los equipos y sistemas de telecomunicaciones externos en desuso.